Luis Felipe Zegarra

There´s no such thing as a free lunch

Hace unas semanas, mostramos nuestra abierta crítica al proyecto de ley que intentaba incrementar el rol del Estado en la educación universitaria a través de un organismo supervisor. El proyecto de una nueva Ley Universitaria ha seguido en pie en el Congreso, buscando su aprobación con el fin—según los defensores de la ley— de mejorar la calidad de la educación universitaria.

El proyecto de ley parte de un error de concepción. Parte del mito que el Estado puede lograr mejorar la calidad de la educación superior, a través de una ley sin mayor efecto en el costo de proveer educación. Algunos legisladores parecen pensar que si el Estado dicta que las universidades deben mejorar la calidad educativa, entonces la calidad aumentará sin mayor costo para la sociedad. Lo que estos legisladores no entienden es que los recursos son escasos, y que cualquier mejora en la calidad de la educación implica un mayor costo en mejores profesores, mejor material de enseñanza, mejor infraestructura, etc.

¿Quién pagará ese mayor costo? ¿Lo pagarán los hogares a través de un mayor costo de la matrícula, aunque sea parcialmente? ¿Lo pagarán los contribuyentes a través de un mayor subsidio a la educación superior? ¿Lo pagarán todos los involucrados?

Sin duda, nos encantaría que todos los peruanos (y no solo los peruanos) puedan acceder a una educación universitaria de alto nivel, sin que eso le cueste a la sociedad un centavo. Nos encantaría que todas las universidades peruanas provean una educación similar a la Universidad de Harvard, la de Chicago o la de California. La realidad, sin embargo, nos muestra que todo aquello que queremos adquirir solo lo lograremos a un determinado costo. Como bien sostuvo Milton Friedman, “there´s no such thing as a free lunch”. Si deseamos que la calidad de la educación mejore, lo podremos lograr, pero a un mayor costo que el que estamos pagando hoy en día.

Si los legisladores desean que la calidad de la educación superior mejore a través de una ley, deben empezar por definir quiénes pagarán ese mayor costo. Si lo pagarán los estudiantes y sus padres, es decir los directamente beneficiados con la mejora en la calidad educativa, entonces probablemente muchos estudiantes ya no estarán de acuerdo con que se apruebe esta ley. Si los legisladores piensan que los contribuyentes son quienes deben subsidiar esta mejora en la calidad, probablemente muchos contribuyentes no estarían de acuerdo con la ley. Después de todo, un sol más gastado con el fin de mejorar la calidad de la educación superior, es un sol menos gastado para otros fines. ¿Debe entonces el Estado subsidiar aún más la educación superior cuando no es capaz de proveer de buena educación primaria, sobre todo en las zonas rurales? ¿Qué es más prioritario? Estas interrogantes deben ser respondidas por quienes proponen esta ley.

Sin duda, creemos que el Estado tiene un rol importante, pero a través de un sistema de Justicia transparente que permita que los estafadores sean castigados. Esto, sin embargo, va más allá del mercado educativo. Todo mercado operará libremente de la mejor manera si existen cortes de Justicia que defiendan los derechos de propiedad de los involucrados y que sancionen las estafas, entre otras violaciones al derecho de propiedad. Sin embargo, procurar imponer una suerte de “calidad mínima”, al margen de lo que estén dispuestos a pagar los directamente involucrados, es un error.

No es tarde, sin embargo, para que los legisladores y sus defensores empiecen a utilizar conceptos económicos básicos en sus análisis y se den cuenta de que sus decisiones pueden costarle a la sociedad mucho más de lo que está dispuesta a pagar. Así, podremos finalmente contar con leyes para beneficio real de los ciudadanos.

Por: Luis Felipe Zegarra

Artículo publicado originalmente en: http://diario16.pe/columnista/38/luis-felipe-zegarra/2627/thereaos-no-such-thing-as-a-free-lunch

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